La economía sénior, una realidad emergente

Autor: Juan Fernández Palacios
Director del Centro de Investigación Ageingnomics, Fundación Mapfre

El investigador pionero en redes neuronales y «deep learning» Geoffrey Hinton, considerado (a escala periodística) el padrino de la Inteligencia Artificial en Google, declaró a la BBC con ocasión de su salida de la compañía que «actualmente los chatbots basados en IA no nos superan en inteligencia, pero pronto podrán hacerlo»… «esperamos que las cosas mejoren bastante rápido. Por tanto, necesitamos preocuparnos por ello».  

GH ha decidido retirarse a sus 75 años de edad. Se trata de un ejemplo más de cómo un miembro de la generación sénior destaca en tareas que, hasta ahora, se han considerado propias de mentes jóvenes. 

LOS GRANDES DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 

Próximos a completar el primer cuarto del siglo XXI, podemos ya dar por consolidados los tres principales retos que en la actualidad desafían nuestro modo de vida: el envejecimiento poblacional, la revolución digital y el cambio climático. Se trata de tres fenómenos transversales que, en mayor o menor medida, tienen su origen en la acción humana y que, en un planeta único, es difícil que evolucionen con independencia entre ellos. 

La interacción entre la revolución digital y el clima genera externalidades positivas: los avances tecnológicos permiten la aplicación de procesos más eficientes, por ejemplo, en la producción y aprovechamiento de las energías renovables o en la reducción de la contaminación industrial y urbana.  

A su vez, los medios digitales contribuyen al aumento de la esperanza de vida, que es una de las bases en que se asienta el envejecimiento poblacional, sobre todo por los avances en el ámbito de la salud que suponen los nuevos medios de diagnóstico, las terapias curativas o los tratamientos quirúrgicos; por no hablar de las plataformas digitales o incluso la aplicación de la inteligencia artificial, que ayudan a combatir la soledad no deseada. 

Por último, también el camino más directo desde el calentamiento global al envejecimiento y viceversa pasa por la salud, principalmente por la incidencia del aumento de la temperatura en los grupos de población más vulnerables. Cabría explorar hasta qué punto la crisis climática puede romper la tendencia al aumento de la esperanza de vida. 

Pero la interconexión entre estos tres vectores del cambio no impide que la actitud de la humanidad frente a cada uno de ellos deba ser diferente: de urgente adopción de medidas de contención frente a la emergencia climática, de adaptación y canalización de la revolución digital, en beneficio de todos, y de impulso y aprovechamiento de las oportunidades asociadas al aumento de la esperanza de vida, particularmente de la esperanza de vida en salud. 

Porque, centrándonos en este último vector, lo cierto es que hasta hace bien poco desde diferentes instancias sólo se ha puesto el foco en las amenazas inherentes al envejecimiento poblacional. Por ejemplo, en materia de pensiones, donde se viene subrayando el desequilibrio en los sistemas públicos basados en el sistema de reparto (pay as you go, en inglés) que compromete su sostenibilidad, unido a la insuficiencia de ahorro privado en sistemas complementarios. O en los sistemas de salud, donde la principal preocupación la constituye el aumento de las enfermedades vinculadas con la edad (alzheimer, parkinson, fractura de huesos,…) y los costes asociados a la introducción de nuevas tecnologías en medios de diagnóstico y tratamientos. Ligado a lo anterior, se visualiza el importante desafío que supone la necesidad creciente de servicios de cuidados a largo plazo, en un contexto de escasez de profesionales y relativo fracaso del modelo de residencias y centros para mayores dependientes. Y todo ello en un escenario de escasez de recursos laborales cada vez en un mayor número de sectores productivos; de hecho, en la última década año tras año se viene registrando una reducción de la población activa en la Unión Europea. 

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL: UNA MIRADA POSITIVA 

Esos efectos negativos son reales y es necesario prestar atención a los mismos. Sin embargo, una mirada positiva también es posible. 

Así, en materia de pensiones desde diversas instancias se ha puesto encima de la mesa una amplia gama de soluciones, alguna de las cuales cuentan con el respaldo de la práctica de algunos países: fórmulas basadas en una mejor combinación entre sistemas públicos y privados, generalmente de reparto en los primeros (pilar uno) y capitalización en los segundos (segundo y tercer pilar); alternativas como el sistema sueco de cuentas nocionales, o de adscripción automática a un plan de empresa (autoenrollment) en el Reino Unido y otros países; podría también esperarse la llegada de recursos adicionales a los sistemas públicos, más allá de medidas incrementales del coste del factor trabajo, por la vía de mejoras en la productividad asociadas al desarrollo tecnológico y al progreso en los niveles de educación y salud de los trabajadores; o, como último recurso, el retraso en la edad de jubilación, algo que diversos gobiernos ya están aplicando o intentando aplicar como medida para contener el crecimiento del ratio de dependencia (jubilados/población entre 20 y 64 años) que, según Eurostat, en la UE y en 2040 sólo se mantendrá en el nivel de 2020 si la vida activa se extiende hasta los 70 años, con variaciones por países (1). 

Por otro lado, al proyectar a futuro el gasto público en salud y cuidados a largo plazo a personas dependientes, conviene no limitarse a extrapolar linealmente las tendencias presentes; primero porque el desarrollo y expansión en el uso de las nuevas tecnologías normalmente traen aparejadas economías de escala y reducciones de costes; en segundo lugar, si bien la Comisión Europea asume un aumento progresivo del número de personas demandantes de cuidados a largo plazo en el territorio de la Unión (desde 19,5 millones en 2016 a 23,6 millones en 2030 y a 30,5 millones en 2050) es innegable que el aumento de la esperanza de vida viene acompañada de una mejora en las condiciones físicas y mentales de los ciudadanos porque, entre otras razones, las pautas para el envejecimiento saludable están siendo ampliamente adoptadas por nuestras sociedades; de hecho, algunos expertos defienden, no sin razón, que el negativo impacto económico en salud y cuidados está ligado, no tanto a la vejez como al final de la vida, de manera que un retraso en este propiciaría también el de tales sobrecostes (2). 

Por último, la palanca de la inmigración puede permitir la inmediata llegada de recursos que compensen la disminución de la población activa; se trataría de favorecer la entrada legal y recurrente de trabajadores y profesionales foráneos, sin descartar acuerdos con los países emisores de emigrantes. Por supuesto, no deben descuidarse las políticas de fomento de la natalidad como solución con efectos a largo plazo para aquellas regiones o países altamente envejecidos; a escala global, una eventual reactivación de la expansión demográfica deberá atenerse a los límites que ya impone el agotamiento de recursos básicos en el planeta. 

Las medidas apuntadas no son fáciles de adoptar, o bien no garantizan la total solución de los problemas. Pero, más allá de las mismas, una realidad tangible debe ser tenida en cuenta en esta aproximación positiva: el potencial de la generación sénior y el peso creciente de la economía sénior en la economía global.

LA GENERACIÓN SENIOR Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA

Si pensamos en posibles fortalezas de esta generación, lo primero que nos aparece es su peso relativo en el conjunto de la población, creciente de forma natural conforme aumenta la esperanza de vida y disminuye la irrupción de generaciones jóvenes por la reducción de las tasas de fertilidad. Ambos elementos se vienen concretando a escala global; la duración de la vida seguirá aumentando en la generalidad de los países, aun sin cambios o avances médicos disruptivos, con una expectativa de supervivencia a los 65 años bastante homogénea por países, en un entorno entre los 20 y los 25 años; y el número de hijos por mujer, que en los últimos 70 años se ha reducido a la mitad, se situaría hoy en 2’5, 1’64 en las regiones más desarrolladas y 2’60 en las menos desarrolladas (3).

En España esa fortaleza se mide en los 16 millones de personas que ya hoy tienen más de 55 años, un tercio de la población, que en 2.050 ascenderá al 42,5% según el escenario central de las proyecciones del INE. Pero es que, según la última estimación disponible de este mismo organismo, la esperanza de vida en salud (libre de limitaciones funcionales o discapacidad) estaría ya en los 66 años, esto es, con aptitud para mantener niveles variados de actividad. 

Podemos, por tanto, hablar de un ejército de reserva laboral que permitirá generar un dividendo demográfico que emule al que produjo la explosión demográfica de mediados del siglo XX; un grupo de población en buena situación física y mental, con experiencia, bien formada y con capacidad de adaptación demostrada, además de disposición a seguir contribuyendo a la sociedad y a la economía, si se dan las condiciones adecuadas. 

A este respecto, España tiene algunas asignaturas pendientes, entre las que destaca la de avanzar en la compatibilidad entre la condición de trabajador y la de pensionista. Nuestra legislación parte del principio de incompatibilidad (artículo 213 de la Ley General de la Seguridad Social) sobre el que se incorporan determinadas excepciones (jubilación activa, jubilación parcial, jubilación flexible…) si bien con una regulación excesivamente restrictiva y poco incentivadora. De acuerdo con destacados expertos, con la compatibilidad plena ganan todos los actores implicados: las personas trabajadoras, que con flexibilidad y de forma voluntaria podrán compensar una eventual disminución de rentas asociada a la jubilación; las empresas, al ampliar sus oportunidades para la cobertura de vacantes con experiencia y talento; la Seguridad Social, que mejora sus ingresos a través de cotizaciones de solidaridad, sin ningún sacrificio porque el trabajador cobrará igualmente su pensión si no puede trabajar; el Estado, mediante el aumento de los ingresos fiscales y la reducción de costes de salud y dependencia por los beneficios del envejecimiento activo; y, en definitiva, la Economía, pues la generalización de la compatibilidad redundará en un incremento del PIB (4). 

Consecuencia de lo anterior es que España presenta uno de los ratios de combinación de trabajo y pensión más bajos de la OCDE en el segmento de edad 65-69: el 0,5% en el caso de los hombres y el 1,8% en el de las mujeres. La conclusión es semejante si nos atenemos al dato de participación en el mercado laboral de los mayores de 65 años, que en el ámbito global se sitúa en un 15% y que, a nivel de cada país, con toda lógica, resulta inversamente proporcional a la «generosidad» de los sistemas públicos de pensiones; en Europa el ratio es del 9%, más del doble del existente en España (4%). Un último dato que ilustra la menor flexibilidad de la transición entre actividad y retiro en el sistema español es el porcentaje de trabajo a tiempo parcial entre los 55 y los 74 años, que alcanza en España el 12%, frente a, por ejemplo, el 55% en Alemania o el 32% en Suecia (5). 

Por tanto, ahí nuestro país tiene una oportunidad, que se concretará si se consigue un aumento en la participación de la generación sénior en la economía. Se ha estimado que el PIB español podría incrementarse en torno a un 10% si el nivel de empleo de las personas por encima de los 65 años alcanzara el de Suecia, incremento que superaría el 15% si tomáramos como referencia a Nueva Zelanda; ambos países en posiciones destacadas en el ratio de ocupación de los mayores de 55 años en la OCDE (6). 

España debe sumarse a la corriente europea en el desarrollo de la Economía Sénior. Europa tiene ahí también un enorme potencial; el nivel de empleo en el segmento de edad 55-64 se situó en 2019 en el 59,1% en la UE, frente a un 73,1% en el de 20-64 años. La Comisión Europea estima que este sector de la economía habrá crecido alrededor de un 5% anual en la década 2015-2025 (7). Hablamos no sólo del sector de salud y cuidados, donde se vislumbra la posibilidad de creación de 8 millones de empleos en la UE en un periodo de 10 años, sino de un concepto más amplio que mira más a la idea de envejecimiento saludable y que incluye al turismo y el ocio, la vivienda, la cosmética y la moda, la seguridad, la cultura, la movilidad o la banca y los seguros. 

Un requisito básico para el crecimiento de la Economía Sénior y, por ende, de la economía en general, es el mantenimiento de la demanda o capacidad de gasto de la generación sénior, lo que puede conseguirse apelando a las diversas fuentes de renta: las que constituyen las pensiones públicas, las que proceden del ahorro mobiliario o inmobiliario, de los sistemas privados de pensiones, o bien, las que sean fruto del trabajo o el emprendimiento de los miembros de esa generación. Se trata no sólo de un potencial de crecimiento a futuro, sino que nuestro país ya parte de una base muy consistente: el 60% del gasto total de la economía española en 2019 correspondió a la población de 50 o más años, con un impacto total (directo e inducido) equivalente al 26% del PIB en ese año (8). 

UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE LA ECONOMÍA SÉNIOR 

Ante esas perspectivas, las Administraciones Públicas tienen que configurar el marco que facilite un mejor aprovechamiento del talento sénior, bien sea en el ámbito nacional, en el regional o en el europeo, en todos aquellos con capacidad normativa. Los legisladores deben propiciar condiciones que favorezcan el mantenimiento en el mercado laboral de aquellas personas que quieran y estén en condiciones de hacerlo, facilitando, de paso, el emprendimiento como alternativa para aquellos trabajadores que finalizan una relación por cuenta ajena; y, por supuesto, han de procurar la sostenibilidad y suficiencia de un sistema de pensiones que aúne las fortalezas de lo público y lo privado y haga viable que los ciudadanos puedan elegir con flexibilidad el momento y el ritmo de salida de la fase activa. 

Las empresas, por su parte, tendrán que mejorar la gestión del talento sénior dentro de sus organizaciones, para lo cual les interesará activar planes específicos para los trabajadores de más edad, sin descartar condiciones especiales de vinculación o el diseño de puestos adecuados a los mismos, procurando aumentar su participación en los programas de formación (aspecto en los que España se encuentra entre las posiciones más bajas dentro de la OCDE). 

Es decir, el impulso al cambio no puede venir sólo del Sector Público; de hecho, desde ámbitos privados van surgiendo iniciativas con similar objetivo. Es el caso de Fundación Mapfre, que en 2020 decidió poner en marcha el Centro de Investigación Ageingnomics (CIA)(9) para contribuir al desarrollo de la economía plateada. 

El CIA tiene por objeto llevar a cabo el análisis, la medición y el seguimiento de la evolución de la Economía Sénior, considerando ésta como el conjunto de actividades y recursos originados por y/o para la generación sénior; con flexibilidad, se entiende que pertenecen a la misma aquellas personas que han cumplido los 55 años, edad a la que, según la oficina estadística de la UE y por término medio, suele comenzar la transición entre trabajo y retiro(10). Su enfoque es integral y, por eso, el Centro analiza de forma recurrente, por un lado lo que los ciudadanos de esa generación demandan y consumen así como lo que las empresas les ofrecen; y, por otro, el nivel de participación de los séniors en la actividad productiva. 

Para el primero de esos ámbitos, el de la demanda, el CIA publica anualmente el Barómetro del Consumidor Sénior, que analiza las pautas de consumo y prioridades de gasto de los mayores de 55 años, así como su evolución. Y en cuanto al segundo, la oferta, es la que se trata de reflejar en el Monitor de Empresas de la Economía Sénior, que busca una aproximación a las estrategias y políticas que las principales entidades de nuestro país tienen en relación con el citado segmento de población y que se concretan, bien en una gama específica de productos, o bien en el establecimiento de canales exclusivos, precios u otras condiciones especiales. 

Indudablemente el centro de la diana de la Economía Sénior se encuentra en la integración laboral del segmento de edad entre los 55 y los 70 años o incluso edades superiores; su nivel de participación en la actividad productiva es el factor clave para valorar su situación actual y oportunidades. Las sucesivas ediciones (I y II) del Mapa del Talento Sénior publicadas por el CIA confirman que nuestro país tiene un amplio recorrido por delante para homologarse con las mejores prácticas internacionales en este punto, lo que exige en primer lugar evitar el sentimiento en los trabajadores maduros de que tener más de 55 años significa no tener futuro laboral; en definitiva, poner fin a la discriminación por edad arraigada en nuestro sistema. 

En un país altamente descentralizado como es el nuestro la apelación a las mejores prácticas cabe hacerla también en los distintos ámbitos geográficos dentro de nuestras fronteras. Y a ello presta atención el CIA con la publicación en base anual del Ranking de Territorios por la Economía Sénior, en el que se compara la situación de este área de la economía en las 17 Comunidades Autónomas y, próximamente, en las mayores ciudades de nuestro país, a partir de una serie de indicadores; concretamente 6 dimensiones (demografía, empleo, participación social, pensiones, espacio público e infraestructuras y servicios sociales y sanitarios) y cuatro vectores por cada una, con información obtenida en todos los casos a partir de fuentes de acceso público, fiables y contrastables. 

En la apuesta del CIA por la investigación se busca la generación de sinergias con las instituciones universitarias y otros centros especializados, que se vienen concretando en la convocatoria anual de un Seminario Académico en el que investigadores y expertos presentan sus propuestas y proyectos en torno al tema elegido en cada ejercicio de los relacionados con la generación sénior y su impacto económico y social. 

Junto a la actividad investigadora, el CIA promueve una serie de actividades divulgativas que ayuden a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la nueva realidad y las oportunidades que ofrece; la publicación de Guías temáticas es una de ellas: sobre emprendimiento, envejecimiento saludable, estilo o soluciones para la generación de rentas a partir del ahorro inmobiliario,… Los eventos del Ciclo Ageingnomics, por otro lado, permiten abordar con la participación de expertos cómo la Economía Senior va impactando en los diferentes sectores. 

Y no menos importante es el apoyo del Centro al emprendimiento de carácter social, a través de los Premios de Innovación Social que anualmente convoca Fundación Mapfre y en los que la Economía Sénior constituye una de las tres verticales (junto a las de Movilidad y Salud Digital); o, también, a través del Programa Tales para el Emprendimiento Sénior, que de forma totalmente exenta de ánimo de lucro y en colaboración con un número creciente de universidades públicas, ofrece formación y orientación a emprendedores mayores de 55 años. 

En definitiva, a pesar de la inercia demográfica, que hará crecer de forma natural a la Economía Sénior, no cabe cruzarse de brazos y dejar que las cosas avancen por sí solas. Es necesario activar las palancas necesarias para el óptimo aprovechamiento del potencial de la generación sénior. El desplazamiento del ciclo vital de las personas exige un posicionamiento institucional en favor de la llamada «Silver Economy», pero también es necesario un cambio de actitud en las empresas y en los propios ciudadanos. Se requiere, en definitiva, un cambio cultural en la consideración de la edad madura.